El Voto es tanto Obligación como un Derecho Ciudadano

Notas para una discusión

Jaime Fierro C.[1]

En la tradición liberal -ya sea en su vertiente conservadora como en la igualitaria- la ciudadanía es entendida fundamentalmente como un conjunto de derechos. Las responsabilidades son reducidas al mínimo, privilegiándose de este modo la libertad negativa por sobre la positiva. En Chile tanto derecha como el sector socialista de la Concertación han convergido en torno a posturas liberales respecto de la no obligatoriedad del voto. Antes que una obligación, el voto es visto como un derecho que debe ser garantizado por el sistema democrático. Y como derecho, es algo que el ciudadano puede decidir ejercer o no. De hecho así ocurre en las llamadas democracias liberales y en algunas de nuestras democracias en América Latina. Lo anterior, sin embargo, plantea un conjunto de dificultades acerca de la plausibilidad de los presupuestos sobre los cuales se articula dicha postura como de sus implicaciones de orden más practico para el sistema político.

            A continuación se desarrollan un conjunto de planteamientos en torno al cuestionamiento de los fundamentos de dicha postura desde la filosofía política. Un análisis posterior en torno al cuestionamiento en sus implicaciones prácticas, a partir de consideraciones de carácter más empírico, se llevará a cabo en un segundo texto. Se espera de este modo contribuir al debate en un momento en donde una reflexión más ponderada respecto de los riesgos involucrados se hace imprescindible. Se trata de un desafío tanto político como intelectual.

            A nivel normativo resulta altamente cuestionable el énfasis excesivo del liberalismo en la reivindicación de los derechos en desmedro de las responsabilidades ciudadanas, las cuales excepto por obedecer las leyes y pagar los impuestos no son enfatizadas.[2] Esto hace que la ciudadanía tenga un carácter marcadamente legal-formal, razón por la cual se la considera una ciudadanía débil. La existencia de los derechos ciudadanos sería una condición necesaria pero no suficiente de la ciudadanía. La ciudadanía liberal representaría una versión empobrecida de la ciudadanía en la cual los ciudadanos son reducidos a portadores pasivos de derechos cuya libertad consiste en estar en condiciones de perseguir su interés individual. Tras el resguardo de las libertades negativas, se encierra un individualismo exacerbado que tiende a desestimar las obligaciones en virtud de nuestra pertenencia a una comunidad política determinada. Esto queda claramente ejemplificado por Thomas Janoski cuando señala que

[i]n terms of political and social obligations, many citizens demand government money from entitlement programs, yet loathe paying taxes to support entitlements for others. Some citizens feel content to watch deficits grow despite their uneasiness about the growing burdens that are being placed on future generations. Many people want protection against fraud and crime, but cannot approve measures that would prevent or inhibit lawlessness such as national identity cards, sobriety checkpoints, drug testing, and disciplinary measures in the schools. Citizens want public defense in their communities and around the world, but are shy or afraid of serving on community watches in neighbourhoods, and in the military or its more peaceful alternatives. The provision of rights to immigrants involves obligations that many native citizens easily deny.

(Janoski 1998: 2-3)

Si bien en sus orígenes, nos recuerda Norberto Bobbio, la concepción de la ciudadanía basada en la idea de derechos individuales emerge de la necesidad de defendernos en contra de la opresión, el abuso de poder y todas las formas de despotismo que hemos experimentado a través de la historia de la humanidad, en el mundo actual no podemos entender nuestros derechos sin las correspondientes obligaciones.[3] Ya José Ortega y Gasset  nos prevenía al respecto en 1921 en uno de sus libros más queridos, El Espectador. Si bien el liberalismo político liberta a los hombres de ancien régime, un orden por definición injusto, reconociendo a todos los ciudadanos ciertos derechos, quedarse en dicho estadio transitorio -que únicamente tiene sentido como negación de un pasado opresor- es hacer posada en medio del camino.  Para José Ortega y Gasset la situación era muy clara en ese entonces: ‘Hasta ahora el espíritu democrático se ha caracterizado por una monomaníaca y susceptible ostentación de los derechos que cada uno tiene. Yo presumo que este primer ensayo democracia fracasará sino se le completa. A la proclamación de derechos es preciso agregar una proclamación de obligaciones.’[4] 

            Desafortunadamente en la tradición liberal se tiende a ver las responsabilidades, en la medida que no son auto-escogidas, como una coerción a la libertad de los individuos. Sin embargo, lo que la tradición liberal tiende a olvidar es que el individuo libre solamente puede existir en una comunidad política que sea capaz de garantizarle un conjunto de derechos ciudadanos.[5] Sin el reconocimiento por parte de una comunidad política -a partir de la Constitución y las leyes- del derecho a la libertad de expresión o a la propiedad privada, por ejemplo, difícilmente podemos imaginar individuos realmente libres como reclaman los liberales. No existe el ciudadano libre fuera de los límites de la comunidad política. Por ende, si el individuo libre solo puede ser concebido gracias a la existencia de una comunidad política democrática determinada, los individuos tienen la obligación de participar políticamente en la configuración de ésta. Este es el paso del individuo al ciudadano. Es también el tránsito desde la libertad negativa a la positiva. Se trata del resguardado del bien común de la comunidad política a la cual pertenecemos. Es un error, luego, entender a la comunidad política como meramente instrumental para el logro de los fines que un individuo pueda escoger libremente. Antes bien, dicha comunidad política es consustancial al logro mismo de tales fines.[6] Más aún, es un error suponer que el maximizar la libertad individual puede realizarse a expensas de la comunidad política. Como ha argumentado Amitai Etzioni, no porque deseemos sentirnos libres de los controles del gobierno, debemos igualmente sentirnos libres de responsabilidades con nuestra comunidad política.[7] Y lo que es más importante, nos recuerda Charles Taylor, la libertad individual puede solamente florecer en una sociedad en donde existe un reconocimiento general acerca de su valor.[8]

            El énfasis excesivo otorgado a los derechos en detrimento de las responsabilidades ciudadanas hace difícil imaginar cómo los individuos podrían expresar una preocupación por el bien común que involucre ir más allá de sus propios intereses y derechos.[9] Si bien es indudable que el liberalismo contribuyó a la idea de una ciudadanía universal basada en la afirmación de que todos los individuos son libres e iguales por nacimiento, también es indudable que redujo la ciudadanía a un mero estatus legal que establece los derechos que los individuos tienen frente al Estado. La noción de individuos orientados hacia lo público y la participación política es ajena a la mayoría de los pensadores liberales.[10] El liberalismo fracasaría, por ende, en su intento por generar una teoría convincente de la obligación política puesto que no es claro el por qué los individuos deberían sentir una lealtad o responsabilidad hacia su comunidad política.[11] Y sin un adecuado sentido de responsabilidad los individuos pueden fallar en su intento por ir más allá de sus intereses privados, en el sentirse miembros plenos de una comunidad política democrática. Ello requiere de participación política. A su vez, en la medida que la participación política es necesaria para promover y asegurar los derechos ciudadanos, la participación política hace posible para los ciudadanos determinar el tipo de derechos ciudadanos que ellos pueden demandar y acceder.[12]

            Ser ciudadano ciertamente significa el acceso a un conjunto de derechos garantizados por el Estado, pero también significa el cumplir con los deberes propios de la ciudadanía, la cual es una actividad o práctica, y no meramente un estatus. Sólo así el individuo accedería a la condición de una ciudadanía plena, ya que ésta es una actividad que implica un fuerte compromiso moral.[13] Ser ciudadano implica participar activamente en la configuración futura de la sociedad y comprometerse con la promoción del bien común por medio de la participación política.[14] Ello resulta de vital importancia, particularmente en un momento en que nuestras democracias se caracterizan por los altos niveles de desinterés y desafección política. En palabras de Victoria Camps: ‘Si la democracia tiene que conservar algo de su significado etimológico como «gobierno del pueblo», la implicación de todos en ese gobierno debiera ser obligada. No obstante, la participación democrática es un derecho de los ciudadanos, no un deber.’ De este modo, enfatiza Camps, ‘[l]a consecuencia de este derecho que no genera obligaciones explícitas es, en realidad, la desintegración de la vida pública, el desinterés por la política paralelo a la profesionalización de la misma.’[15]

            Tanto la derecha como el sector socialista de la Concertación se equivocan al promover una iniciativa como el voto voluntario, sobre la base de enfatizar un derecho sin la correspondiente obligación de participar de la comunidad política. La tentación populista está a la vuelta de la esquina. Sobre materias tan delicadas para nuestro devenir democrático debemos actuar sobre la base de lo que consideramos correcto y no sobre lo que a los ciudadanos les pudiera resultar más cómodo. El mundo socialista no debe olvidar que las políticas sociales orientadas hacia la provisión de ciertos derechos sociales básicos son más efectivas si van acompañadas de ciertas responsabilidades ciudadanas. Así también, debe entender que el debilitamiento de las responsabilidades ciudadanas puede fácilmente extenderse hacia otras áreas, como podría llegar a ser el incremento en la evasión tributaria o la falta de solidaridad al momento de enfrentar temas de justicia distributiva. Y frente a la profesionalización de la política y el financiamiento de campañas electorales cada vez más costosas en busca del respaldo ciudadano, no hay que olvidar que la derecha nos lleva cierta ventaja. Del mismo modo, la derecha debe ser cauta puesto que el socavamiento general de las obligaciones ciudadanas puede extenderse hacia el respeto de la ley y el orden -con el consiguiente debilitamiento de la comunidad política democrática-, lo cual puede poner en riesgo el sustento mismo que hace posible la existencia de los derechos y libertades de las que pueden gozar los ciudadanos. En una democracia en donde no existan niveles de participación política adecuados, no es para nada claro el por qué los ciudadanos estarían dispuestos a acatar las decisiones tomadas. Este es el fundamento del principio de legitimidad democrática.

            En suma, en el mundo actual resulta poco sostenible una defensa incondicional de la libertad sobre la base de una concepción negativa de los derechos. La promoción del bien común, en donde la libertad es uno de ellos, requiere de ciudadanos conscientes y responsables de sus obligaciones antes que individuos preocupados en lo fundamental de su bienestar personal y familiar. Chile es tarea de todos y no de unos pocos, solo así podremos avanzar hacia el logro de los ideales democráticos, esto es, la conciliación entre los principios de libertad y de igualdad. Sin embargo estamos plenamente conscientes que no es tarea fácil,

llevar a cabo esa corrección significa luchar contra el egoísmo del individuo y, más aún, contra el “individualismo colectivista”. Ambas formas de individualismo tienden a no acordarse de los demás hasta que necesitan para sus fines. A nadie le cuesta ejercer la libertad negativa, esa libertad que es simple dejar hacer, sin imponer normas. Hacer uso de la libertad positiva, en cambio, es mucho más costoso, exige imaginación, esfuerzo y valor para responder de uno mismo ante los demás. Ese ejercicio de la libertad tiene que tener como fin la construcción de una sociedad de seres más iguales y libres que la existente [...].

(Camps 1993: 100)

Una señal clara desde el Gobierno en esta dirección sería enviar una propuesta de inscripción automática y la mantención del voto obligatorio. Esperamos que nuestros aliados de la Concertación -preocupados por la igualdad- y la derecha -vigilante de las libertades individuales- comprendan la importancia de una iniciativa como ésta y la respalden.  El estatus de los ciudadanos no se determina por el modelo de libertades negativas que pueden reclamar como personas privadas. Más bien, los derechos cívicos y políticos, principalmente los derechos de participación, son libertades positivas, y sólo a través de su ejercicio los ciudadanos pueden llegar a ser aquello que ellos mismos desean ser: sujetos políticamente responsables de una comunidad de personas libres e iguales.[16] En definitiva, un ciudadano es alguien que participa activamente en la configuración de su propio gobierno, en el devenir de su comunidad política.[17] Esto es precisamente lo que hemos denominado una democracia ciudadana, como ha enfatizado reiteradamente nuestra Presidenta. Y ese es nuestro compromiso como democratacristianos dentro del actual Gobierno de la Concertación.

Referencias Bibliográficas

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[1] Sociólogo y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Doctor en Gobierno de la Universidad de Essex.

[2] Véase, por ejemplo, Janoski y Gran 2002; Schuck 2002; Faulks 2000; Etzioni 1995 y 2001; Lister 2003; Kymlicka 2002; Dagger 1997 y 2002.

[3] Viroli y Bobbio 2003: 35-6.

[4] Ortega y Gasset 1921: 376.

[5] Faulks 2000; Shotter 2000; Etzioni 1995 y 2001.

[6] Garay 2000.

[7] Etzioni 1995: 247.

[8] Taylor 1985: 207.

[9] Heywood 2000: 52.

[10] Mouffe 1997.

[11] Faulks 1999: 136.

[12] Bellamy & Castiglione 2003: 368-380.

[13] Bárcena, 1997: 82-83.

[14] Miller, 1995.

[15] Camps 1993: 80-1.

[16] Véase Habermas 1999: 233-234. La importancia de la participación política ha sido enfatizada por autores como Hanna Arendt, Benjamin Barber, J.G.A. Pocock, Adrian Oldfield, Charles Taylor, Ronald Beiner and Michael Sandel.

[17] Taylor 1995: 141; Miller 2000; Llano 1999: 15.